Organigrama Personal

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES

 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, acompañado del Excmo. Sr. D. Javier San Martín Rodríguez, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de la Ilma. Sra. Dª María Antonia Cruz Izquierdo, Decana del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, tuvo lugar el acto de apertura de la XIV Asamblea Nacional de Graduados Sociales de España y XIII Reunión de los Miembros de la Juntas de Gobierno. Dos ideas-fuerza destacaron en el discurso de quien las inauguró: de un lado, la imagen de la Justicia como un engranaje complejo al que los Graduados Sociales quedan incorporados como pieza fundamental; de otro,  y a modo de reto ya actual, pero con un margen de crecimiento importante, la apuesta por su papel de mediadores, término a entender no solo como participación formal en los sistema extrajudiciales de solución de conflictos, sino como componedores de desavenencias que gracias a su intervención se consiguen evitar.

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Perspectiva institucional a completar con la intervención de clausura (anticipada) a cargo del Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia. Tras agradecer las palabras de quien lo introdujo, el Excmo. Sr. D. Javier San Martín Rodríguez (en las cuales insistió en dos reivindicaciones importantes del colectivo en el presente, como son la instauración de un Máster habilitante para el ejercicio de la profesión y la firma del recurso de casación), sus palabras incidieron en la necesidad de fortalecer y modernizar la Justicia, aprovechando la circunstancia favorable de la recuperación económica (sobre la cual se explayó en datos y razones), siguiendo para ello una agenda del Ministerio cuyas anotaciones se escriben, siempre, a partir del diagnóstico de los profesionales, y cuyas decisiones han de estar y pasar por imprescindible equilibrio de intereses entre los distintos colectivos, conforme ocurre en la actualidad con un asunto que puede resultar emblemático: la Asistencia Jurídica Gratuita.

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En el desarrollo de la Asamblea cabe dar cuenta de dos tipos diferentes de actividades: conferencias y mesas redondas. Las primeras, cuatro en total, versaron sobre el “Presente y futuro de la profesión de Graduado Social”, el “Presente y futuro de la Seguridad Social”, “El recurso de casación” y “El Derecho del Trabajo en la Constitución Española”.

 

En la segunda, “Presente y futuro de la Seguridad Social”, el Dr. Tortuero Plaza, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, dibujó cuanto calificó como un “escenario duro”, para contraponer los valores sociales a los actuariales que parecen gobernar a día de hoy el criterio del legislador en materia de protección social. Abordó, desde tal perspectiva, una propuesta extensísima de reformas, que de manera inmediata habrían de llevar a la eliminación del factor de sostenibilidad (por el “efecto de pánico” –injustificado— que va a provocar jubilaciones anticipadas en masa durante 2018) y a la modificación del índice de revalorización de las pensiones en orden a evitar la pérdida de su poder adquisitivo. De más hondo calado fueron sus numerosas propuestas destinadas a repensar el sistema desde sus cimientos, susceptibles de ser agrupadas en atención a un triple ámbito objetivo: de un lado, las actuaciones sobre ingresos y gastos; de otro, la reconfiguración de distintas prestaciones (abundando, por ejemplo, en la necesaria superación de la diferenciación entre contingencias comunes y profesionales, o en la necesaria opción por una pensión de jubilación que responda, bien a la compatibilidad con el trabajo, bien a una política clara de envejecimiento activo); en fin, la postulación de un nuevo modelo de Seguridad Social complementaria fundada en la recaudación pública y la gestión privada.

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“El recurso de casación”, a cargo del Excmo. Sr. D. Sebastián Moralo Gallego, Magistrado del Tribunal Supremo, sirvió para poner de relieve cómo el carácter extraordinario del recurso debe llevar aparejada una especial cualificación técnica que, bajo su criterio, habría de depender no tanto de una titulación (que reconoce tanto a Abogados como a Graduados Sociales), cuanto de una específica aptitud, a riesgo de fracaso por mor de sus exigentes requisitos. A ellos dedicó la mayor parte de su intervención, repasándolos con detalle a través de un abundante  muestrario de pronunciamientos que son jurisprudencia consolidada. De este modo, centró su atención en las resoluciones recurribles en casación ordinaria y sus requisitos sustantivos y adjetivos, así como la preparación y formalización (sopesando, en particular, las causas de inadmisión y el contenido del suplico tanto en cuanto hace a la solicitud de nulidad de derecho, revisión de hechos y denuncia de la infracción legal y jurisprudencial); por su parte, y destacando la finalidad de buscar un criterio uniforme capaz de evitar la contradicción entre quienes crean doctrina jurisdiccional, para así proporcionar la necesaria seguridad jurídica, abordó los condicionantes para recurrir en casación para unificación de doctrina, prestando especial relieve a la exigente triple identidad demandada y la concreta argumentación sobre el derecho fundamental invocado cuando el contraste se establezca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Constitucional.

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La cuarta de las conferencias, “El Derecho del Trabajo en la Constitución Española”, impartida por el Magistrado del Tribunal Constitucional, Exmo. Sr. D. Alfredo Montoya Melgar, tomó por cimiento el reconocimiento de España como Estado Social y Democrático de Derecho, a cuyo calor surge un sistema de valores suprapositivos (“de Derecho Natural”) luego traducidos en derechos positivos. Así, de la libertad nacen el derecho –y deber— de trabajar, la libertad sindical –en su plano individual y colectivo—, la huelga, el derecho a plantear conflictos colectivos y a la negociación colectiva o la libertad económica de empresa; de la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva; la igualdad toma expresión en el derecho de igual nombre, al cual acompañan, como la otra cara de la moneda, la prohibición de discriminación o la adopción de medidas de acción positiva; en fin, del pluralismo político, el pluralismo sindical. Sistema articulado en el texto constitucional a partir del norte de los derechos básicos inherentes a la persona, que se elevan bajo patrón del respecto a la dignidad del individuo y se articulan en derechos fundamentales (solo la libertad sindical y la huelga entre los laborales, probablemente para poner de relieve el deseo de ruptura con el pasado inmediato); derechos comunes a todos los ciudadanos que toman forma específica en el ciudadano trabajador y principios rectores de la vida social y económica.

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Habrán echado ustedes en falta la que fue primera de las conferencias, a cargo del Exmo. Sr. Javier San Martín Rodríguez, bajo el título “Presente y futuro de la profesión de Graduado Social”. Su presentación en este momento obedece a estrictas razones sistemáticas, pues sin duda fue el proscenio y eje central de gran parte de las intervenciones que ocuparon varias de las mesas redondas posteriores.

 

Permítanme, en aras de la necesaria concesión y orden, que dé cuenta de cuanto concitó la atención de las mesas celebradas primer y tercer lugar, de un lado, y de las ideas que surgieron de la conferencia inaugural y del resto de las mesas, de otro.

 

En aquellos escenarios primeramente citados se abordó, para un mejor conocimiento de los presentes, tanto la vertiente orgánica como funcional de los diversos órganos del CGCOGSE, en tanto Corporación de Derecho Público destinada a la representación, coordinación y defensa de la profesión y de los Colegios Profesionales, permitiendo rememorar no solo los pasajes de los Estatutos que regulan sus órganos directivos al máximo nivel (el Presidente, el Pleno como órgano soberano y la Comisión Permanente como órgano ejecutivo), sino las personas concretas que los encarnan (con una llamada expresa a la evolución futura en pro de la paridad por razón de género en su composición) y las funciones atribuidas a cada cual (incluidas las comisiones técnicas para asuntos específicos), así como notas vívidas de su concreta forma de actuar.

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Perspectiva que se completó en la mesa tercera con el imprescindible descenso a otros órganos, tales como el Interventor-Contador, de reciente creación al amparo de cuanto exige la Ley de Transparencia, y llamado a ser ese observador externo del regular proceder a todos los niveles territoriales en temas tan fundamentales como las cuentas, los procesos electorales o, desde otras perspectiva, el ejercicio de una publicidad activa en favor de la profesión; la Fundación Justicia Social, cuya labor de formación, difusión, investigación y mediación fue puesta de relieve con vehemencia y abundancia de datos (provenientes  de las numerosísimas actividades realizadas, que podrían ser más de aumentar los patrones) por su Secretario General; o, por último, el papel fundamental de la Asesoría Jurídica en su labor de justa reclamación de competencias, firma de convenios con la Administración o con privados, ejercicio de la potestad disciplinaria, interpretación de los reglamentos y defensa en juicio del Consejo. Labor conjunta sometida a encuesta, junto con la opinión de los colegiados acerca de la visión de la profesión, cuyos datos más relevantes también fueron mostrados a todos los asistentes.

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Pero, sin duda, el epicentro de esta Asamblea y Reunión giró, a partir de aquella conferencia inaugural, sobre el presente y futuro de la profesión de Graduado Social. A modo de asientos contables, sirvan las siguientes conclusiones de cuanto como relator elevo a su consideración:

 

PRIMERA.- Los muchos e importantes motivos que existen para sentirse orgullosos de una profesión, la de Graduado Social, que ha conseguido labrarse su futuro con denodado esfuerzo, para llegar a ocupar no solo un vacío cuya cobertura demandaba la sociedad, sino también los espacios que su competencia técnica les ha permitido ir conquistando frente a otras profesiones con las cuales ha de convivir, compartiendo muchas veces cometidos, bajo un régimen de competencia con la ley como árbitro.

 

SEGUNDA.- Legítimo orgullo con los últimos hitos alcanzados, a situar en el reconocimiento de la representación técnica (sutil adjetivo bajo el cual, a nadie se oculta –y se mostró con detalle—, late el sustantivo defensa), el acceso al recurso de suplicación, la jura de cuentas y, aunque por concretar, el tránsito, nuevamente por la fuerza de los hechos y la valía de continuo acreditada, desde la Orientación hacia la Asistencia Jurídica Gratuita.

 

TERCERA.- Motivos existen, y de enjundia, para comprender cuantas voces han proclamado con vehemencia su vocación de Graduados Sociales. Pese a algún parecer puntualmente discrepante, se asume el nombre como seña de identidad y son reiteradas las intervenciones clamando por la necesidad de hacerlo llegar a toda la sociedad, de modo tal que, lejos de presentar la actividad profesional con el margen de ambigüedad dado por términos como “asesoría” u otros semejantes, los ciudadanos puedan identificar, a través de un simple anuncio en la fachada de un edificio o en una tarjeta, al profesional y su noble función social. Esta será la meta: acercarse al ideal de que, igual que cualquier persona asocia la salud con el médico, vincule el término trabajo con el de Graduado Social.

 

CUARTA.- En la encrucijada de esta última, la función social, varios factores deben ser ponderados desde el presente y con las miras puestas en el horizonte. Como premisa mayor, o condición sine qua non, la necesidad de trazar su rumbo unidos. Si la fuerza de cuanto se ha conseguido hasta el momento siempre ha provenido de actuar como uno solo, todos en la misma dirección, constituiría un error fatal que intereses espurios resquebrajasen tan firme valor. Además, y siempre sobre ella, se destacaron otros aspectos como:

 

Primero.- La formación sigue siendo un elemento clave. Haber alcanzado y haberse asentado como estudios universitarios en cuanto ahora es el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha sido importante como garantía de cualificación y reconocimiento, pero pudiera no resultar bastante, barajándose la necesidad de un Máster de acceso a la profesión o la cooperación en prácticas para los egresados. Colaboración entre Universidad y profesión sobre la cual es necesario profundizar para conseguir que quienes son el futuro vean como salida natural la colegiación, y desde sus primeros pasos tengan todo el apoyo de sus compañeros en ejercicio.

 

Segundo.- Cuantos hayan realizado estos estudios (que, como la profesión, deben ser por todos conocidos) han de tener cabida en el Colegio, lo cual entronca con cuanto no deja de ser un falso dilema: no se trataría de elegir o priorizar entre gestión o actuación jurídica, pues la primera ya supone la segunda; en todo caso, cabría aludir a los distintos niveles o grados de aplicación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el que el Graduado Social prefiera actuar, que, por supuesto, han de estar por encima del elemento coyuntural dado unas mejores o menos sensibles relaciones con las Administraciones implicadas en uno y otro ámbito, léase los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Justicia.

 

Tercero.- No deja de ser una falsa alternativa, también, abogar por una mayor especialización o por la ampliación de competencias. Desde la preparación que se acredite, e igual que la prevención de riesgos laborales fue salida natural para algunos, podrá para muchos otros serlo la auditoria socio-laboral, la impartición de formación, el acceso a un empleo público, la docencia en la Universidad (insistiéndose en la especial aptitud y pertinencia de una mayor presencia en las aulas, frente a la predominante contratación en la actualidad de otros profesionales menos cualificados) o cuantos otros yacimientos de nueva actividad vayan apareciendo en el ámbito de un trabajo que cambia vertiginosamente y exige continua adaptación. Procede, en consecuencia, estar atentos a tales cambios, en particular a los legales que, por supuesto, exigen elevar miras para ver cuanto ocurre en la UE (y aquí se aludió, por ejemplo, al Plan Europeo de Derechos Sociales) o en los países de nuestro entorno (como pudiera ser la evolución del precio de la extinción del contrato de trabajo en Francia o el sistema de mochila austriaco), pues ello, sin duda, proporcionará información sobre cómo aparecen figuras semejantes en Europa para cumplir la misma misión que los Graduados Sociales. Entre esos nuevos cometidos, lugar específico ha de proporcionarse a quienes se dediquen a los recursos humanos en la empresa, pues comparten una misma formación e interés y deben encontrar en el Colegio el cauce corporativo para la representación y defensa de sus inquietudes singulares.

 

Cuarto.- Todo la anterior parece decantar de manera natural el camino a seguir, que pasa por aprovechar ese acervo único que proporciona la especialización jurídico-laboral, así como el abanico de posibilidades abiertas para el desarrollo de la profesión, que quizá no pase tanto por ampliar competencias, extendiendo su quehacer a terrenos ajenos, como pudiera ser la actuación en vía contencioso-administrativa, cuanto por saber reconducir al terreno propio, lo laboral, cuanto no dejan de ser manifestaciones que se siguen desarrollando fuera del mismo.

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Escribía mi paisano Claudio Rodríguez que “el futuro solo pertenece a quien hace méritos para ganárselo con esfuerzo”. Los Graduados Sociales habéis trabajado tanto y tan bien que no es el momento de desfallecer, y sí de tomar ánimos en reuniones como esta, donde a la par que se comparten preocupaciones y experiencias se han de generar ilusiones; conscientes, siempre, de que, unidos, el futuro está en vuestras manos.

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Autor: Juan José Fernández Domínguez

Decano de la Facultad de Derecho

Universidad de León