Las preocupaciones y prioridades en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo de los próximos años se van a ver condicionadas por la pandemia de la COVID-19, que está sacudiendo nuestra sociedad y poniendo en cuestión muchos de los paradigmas industriales, laborales y sociales con los que convivíamos hasta hace poco tiempo. 

La mayoría de los gobiernos han tenido que adoptar medidas excepcionales, impensables hace apenas unos meses. No solo se han visto afectadas libertades individuales como la movilidad y el derecho de reunión, también las relaciones personales, sociales, así como el mercado de trabajo, las formas de trabajo y de consumo, las relaciones laborales y la protección social y en su conjunto la sociedad del Trabajo. 

Los daños para la salud van más allá de las trágicas consecuencias inmediatas en el incremento de la mortalidad esperada, el estado de salud física y emocional o la prueba de estrés de los sistemas sanitarios que ha supuesto esta crisis. Los daños se proyectan en un futuro a medio y largo plazo, en la esfera de las personas por los efectos crónicos, que ya se están identificando, y en la esfera social por el incremento del riesgo de pobreza que, sin lugar a dudas, constituye el determinante de la salud más relevante. 

La vuelta al trabajo en la “nueva normalidad” hace necesaria una reorientación de la actividad en prevención de riesgos laborales en la que se deben integrar las medidas de prevención frente a la COVID-19 en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por lo que se hace imprescindible el papel de los profesionales en este ámbito. Se ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de aplicar los principios básicos de la prevención, estableciendo protocolos que incluyan los pasos a seguir para organizar un retorno al trabajo seguro y saludable.

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