Cádiz, 18 de octubre de 2023: Una representación de la Junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mantenido esta mañana una reunión con el magistrado-juez decano de los juzgados de Cádiz, Antonio Rodríguez García, para discutir asuntos de interés para el colectivo de operadores jurídicos del Orden Social y Mercantil. 

El Presidente del colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha podido expresar al decano de los jueces gaditanos la preocupación de estos profesionales por el estado de las sedes judiciales de Cádiz y la dispersión de los distintos juzgados. Después de más de 20 años de promesas incumplidas por la administración competente en materia de infraestructuras, la Junta de Andalucía, la realidad es que las sedes judiciales continúan repartidas por toda la ciudad. 

La mayoría de ellas están en régimen de alquiler en el edificio Estadio Ramón de Carranza, en el Fondo Sur se encuentran tres Juzgados de lo Social y el único Juzgado de lo Mercantil de esta provincia. En la Preferencia se comparte el Juzgado de Instrucción nº 5 y el Registro Civil, además de varios Juzgados de lo Penal. En el Fondo Norte, se encuentra el Juzgado de Menores y la Fiscalía de esta unidad. 

En la Plaza de los Balbos se encuentran los restantes Juzgados de Instrucción y el Juzgado de Guardia. Y en el edificio Proserpina de la avenida Ana de Viya se encuentran los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

En el Edificio de la Audiencia Provincial –propiedad de la Diputación Provincial-, situado en la Cuesta de Las Calesas, se encuentran las respectivas secciones de la Audiencia Provincial, Presidencia y Fiscalía, y el único Juzgado de Violencia de Género. 

En representación de los más de 700 operadores jurídicos colegiados, José Blas Fernández ha compartido con el juez decano la «envidia sana que sentimos de otras capitales, como Málaga o Córdoba, donde ya existen infraestructuras y sedes judiciales agrupadas en las denominadas Ciudades de la Justicia. En nuestra ciudad, los juzgados siguen estando dispersos aquí y allá, en edificios y oficinas en alquiler que están en un pésimo estado y que suponen un derroche de recursos públicos», ha indicado. 

Otro de los temas que preocupa a los graduados sociales es el retraso generalizado, con señalamientos de juicios que se están demorando hasta cuatro años. A la falta de medios materiales de instalaciones judiciales «dignas», se suma la carencia de personal, tanto jueces y magistrados como técnicos y administrativos, que provocan «esta situación de bloqueo, debido a la acumulación de casos pendientes». 

El juez decano les ha expresado que comparte esa preocupación y ha señalado que es muy necesario que los operadores jurídicos estén coordinados en sus acciones y demandas, a la vez que debe prevalecer una colaboración estrecha con los letrados de la administración de justicia y los propios jueces. 

El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, reclama «un plan de choque» para corregir esta situación «que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores, y muy especialmente de los justiciables», señala. 

En su opinión, «la Justicia Social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos: hablamos de temas muy sensibles, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades, despidos, situaciones de invalidez, que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Cuatro años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad». 

La solución pasa, en su criterio, «no solo por más medios materiales y de personal, sino por la verdadera especialización de jueces, que puedan resolver con la esperada diligencia en tiempo y calidad de sentencias», expresa el presidente de estos operadores jurídicos. 

Los retrasos de años en señalamientos producen situaciones «difíciles de comprender por quienes son los administrados finales de la Justicia Social y toda la cadena de valor del sistema, incluidos no solo los operadores jurídicos, sino también peritos y otros actores implicados en los procedimientos judiciales». 

Antonio Rodríguez García, al igual que los graduados sociales, espera que pronto se haga realidad la creación del cuarto Juzgado de lo Social en Cádiz para contribuir a desatascar el cuello de botella de asuntos que hoy colapsan las sedes existentes. 

José Blas Fernández ha agradecido al juez decano la dedicación y disposición a reunirse con el colectivo de los graduados sociales siempre que sea necesario, compartiendo con este magistrado el deseo de ver de verdad unas administraciones públicas comprometidas con la Justicia, garantía de los derechos de los ciudadanos en nuestra sociedad.