Proponen que las nuevas sedes reserven un espacio para recordar que la ciudad fue el origen de los tribunales superiores iberoamericanos

Cádiz, 04 de noviembre de 2020.- El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta analizó el pasado 28 de octubre con el Delegado Territorial de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Miguel Rodríguez, el estado de los trámites y compromisos de la administración autonómica con la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

En un encuentro celebrado en la sede colegial, su presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha pedido al representante de la Junta de Andalucía que se interese por las gestiones que están pendientes, la cesión de los terrenos en los antiguos depósitos de Tabacalera por parte del Ayuntamiento de Cádiz, como en el proceso de redacción del proyecto constructivo de las instalaciones, para el que hay consignados en el presupuesto autonómico de 2020 un total de 622.000 euros.

“El delegado comprende nuestras demandas y apoya totalmente que dispongamos de sedes judiciales dignas”, ha remarcado José Blas Fernández al delegado. “ha añadido el presidente de los graduados sociales, quien ha agradecido “el interés de Miguel Rodríguez en este tema, mostrando su disposición a trabajar en este proyecto cuando se solvente el trámite de la cesión de los terrenos”.

En relación con este proyecto, el Colegio le ha trasladado a Miguel Rodríguez una iniciativa para reservar, en la futura Ciudad de la Justicia, “un espacio que recuerde y ponga en valor que Cádiz fue la primera sede del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente en el Palacio de Recaño, junto a la Torre Tavira. En este edificio se creó, en 1812, por Decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de abril de 1812, el entonces denominado Alto Tribunal de Justicia, para ejercer las competencias establecidas por el artículo 261, que abarcaban todas las colonias en Iberoamérica y que, posteriormente, fue el germen de la creación de los tribunales superiores cuando fueron independizándose. En agosto de 2016 le pedimos al alcalde de Cádiz que tuviera en cuenta este hito a la hora de diseñar los usos del palacio donde estuvo el conservatorio de música. No recibimos respuesta por lo que ahora insistimos para que, al menos, se recuerde que Cádiz fue el origen del Tribunal Supremo de España, destinando un espacio en las futuras sedes judiciales”, ha propuesto José Blas Fernández.

En la reunión, a la que han asistido también Luis Carrasco Quiñones, vicepresidente 1º; Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 2º y Manuel Fraga Núñez, interventor-contador de la corporación profesional de los graduados sociales, se han abordado otras temáticas relativas al funcionamiento de la Justicia de lo Social en la provincia. En concreto, se ha puesto sobre la mesa la problemática “de la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres por parte de la Junta”. 

Los representantes de la junta de gobierno han agradecido al delegado territorial de Justicia su interés por los temas que, en el ámbito de sus competencias, son importantes para los graduados sociales de la provincia. Miguel Rodríguez ha firmado en el Libro de Honor de la Corporación.

El delegado, por su parte, les ha trasladado la situación en la que se encuentra el proyecto, “a la espera de que se produzca la cesión de los suelos por parte del Ayuntamiento, al que le venimos pidiendo celeridad”. Igualmente, les ha manifestado “el compromiso de la Consejería y del Gobierno de la Junta con Cádiz y con su Ciudad de la Justicia, porque somos conscientes de la mala situación en la que nos hemos encontrados las sedes judiciales”. “El propio vicepresidente de la Junta se comprometió con este proyecto y en cuanto dispongamos de los suelos podremos comenzar a trabajar en la redacción del mismo”, ha añadido.

Rodríguez también ha querido incidir en el empeño de este nuevo equipo de Gobierno “en mejorar la situación de la Administración de Justicia, muy deteriorada desde hace años y que ahora se ha visto agravada por la crisis generada por el Covid-19”. Por este motivo, “hemos puesto en marcha el plan de choque más ambicioso llevado a cabo por la Junta, con 7,2 millones de euros para reactivar la Justicia, así como la puesta en marcha de nuevos juzgados como el nuevo órgano de lo Mercantil que a final de este año entrará en funcionamiento en Cádiz”.