Madrid, 15 de noviembre de 2024.- Desde la publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de defensa, el presidente del Consejo General, Joaquín Merchán Bermejo y los miembros de la Comisión Permanente han estado realizando gestiones para que los graduados sociales estuviesen presentes en dicha norma, ya que, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en los procedimientos laborales y de seguridad social, los ciudadanos pueden otorgar su representación técnica a un graduado social colegiado. 

Fruto de ese trabajo y a pesar de que el derecho a la defensa, en sentido estricto, está reservado constitucionalmente a la Abogacía, el pasado 4 de julio de 2024, el Boletín de las Cortes Generales/ Congreso de los Diputados publicaba el Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno, de cuya admisión parcial, resultó una modificación en el texto de la exposición de motivos, apartado IV, del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, por la que se introdujo la siguiente novedad respecto al texto inicial publicado en febrero de 2024: 

“El capítulo II desarrolla la regulación del derecho de defensa de las personas. En particular, regula el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad en el que los profesionales de la abogacía y de la procura y los graduados sociales estén formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados, el derecho a ser oídas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia". 

Pues bien, el BOE del día 14 de noviembre, publica el texto definitivo de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, donde en la exposición de motivos, apartado IV, se mantienen esas modificaciones introducidas en julio de 2024 y con ello el reconocimiento de las funciones procesales de los Graduados Sociales en la Ley de Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa. 

Un hecho que se convierte en un nuevo reconocimiento a nivel jurídico para nuestra profesión, que nos sitúa al mismo nivel que el resto de las profesiones jurídicas, un logro que ha sido gracias al trabajo y a la unidad de todos los presidentes y presidentas que conforman el pleno de este Consejo y al profesional trabajo de todos los Graduados Sociales de España. 

El Consejo General seguirá trabajando con el mismo esfuerzo y entusiasmo para conseguir los retos que a nivel jurídico y en otras materias tiene marcado el actual comité ejecutivo de esta Corporación.