Madrid, 21 de junio de 2024. “Los españoles creemos en la Justicia porque cada año 6 millones de asuntos recaen en los tribunales, pero hay otras maneras de resolver conflictos como la mediación”, ha defendido el exministro de Justicia Rafael Catalá en el arranque de la conferencia titulada “Nuevas fronteras en la Justicia: graduados sociales y MASC” que reunió ayer, en la sede del Consejo General de Graduados Sociales, al también exsecretario de Estado de Justicia con Helena Soleto Muñoz, catedrática de Derecho Procesal y directora del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación en la Universidad Carlos III de Madrid y a Francisco José López Díez, mediador y coordinador de la Comisión Técnica de Mediación del Consejo General.

En opinión de Catalá, a pesar de existir desde 2012 una Ley de Mediación Civil y Mercantil, “uno de los retos que tenemos es que la mediación se conozca y se utilice”. Asimismo, abogó en su intervención porque las empresas incluyan en todos sus contratos una cláusula de mediación como método alternativo de resolución de controversias y que, incluso, la Ley de Eficiencia Procesal que está en proceso de aprobación “genere una cierta obligatoriedad en cuanto al intento de la mediación”, algo que, en su opinión, “no reduce el derecho a la tutela judicial efectiva”. 

“Estamos ante una crisis de la Administración de Justicia”

En su ponencia, Helena Soleto defendió que no es suficiente la mera imposición de unos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) porque “necesitamos cambios a nivel estructural por los millones de demandas que tenemos al año; hay que ir más allá”. Soleto sostiene que “para luchar contra el abuso del sistema” y promover la búsqueda del acuerdo son necesarios incentivos como el económico “que es el que mejor funciona”, por ejemplo, perder el derecho a percibir las costas si se rechaza un acuerdo previo.

“Estamos ante una crisis de la Administración de Justicia y más que ante un problema jurídico estamos ante un problema social: los efectos de esas tardanzas de la Justicia y la pérdida de confianza del ciudadano en el sistema. Eso es gravísimo”, espetó Francisco José López Díez, que se ha encargado de aportar la visión de los graduados sociales a los que “se menciona expresamente” en el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que, como recordó, “tendrá en su momento rango de ley orgánica”. “Echo en falta estar presentes en las comisiones de calidad del servicio público de Justicia de las comunidades autónomas aunque sí estamos en la nacional”, añadió.

La norma también menciona a este colectivo en relación con la nueva figura de ‘conciliación privada’, junto a otras profesiones jurídicas, algo que López Díez ha definido como “una gran oportunidad de fortalecer la profesión”.

Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, se ha encargado de clausurar esta sesión formativa organizada por el Consejo General y la Fundación Justicia Social, a la que han asistido aproximadamente 500 personas de forma presencial y telemática.

El Consejo General quiere potenciar la especialización en Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) no solo como una forma de mejorar la calidad del servicio que ofrece este colectivo, sino también de posicionar a los graduados sociales a la vanguardia de las prácticas jurídicas modernas. La institución colegial considera fundamental adaptarse a estos cambios y liderarlos para seguir siendo actores clave en el sistema de justicia y consolidar, en este caso, su papel como referentes en la resolución de conflictos.

Si quieres acceder a la grabación de esta jornada, puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace:

• “NUEVAS FRONTERAS EN LA JUSTICIA: GRADUADOS SOCIALES Y MASC”