Madrid, 19 de febrero de 2024. El Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España convocó el viernes pasado una jornada formativa para analizar los cambios que introduce el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en particular, en el ámbito del servicio público de justicia y su transformación digital. Mas de 500 colegiados asistieron a esta actividad a la que se pudo asistir tanto presencial como telemáticamente.

El presidente de la institución colegial, Joaquín Merchán, aprovechó la presencia de varios miembros de la Administración de Justicia para elogiar “en público, igual que hago en privado, el avance que ha experimentado” y lanzar una invitación a otras administraciones y organismos “como la Seguridad Social, para que hagan lo mismo: no pretendemos intervenir en la elaboración de las leyes pero sí que se nos consulte en la tramitación e implementación de las mismas, pues ello hará que dicha aplicación se realice con mayores garantías de eficacia”.

Durante la inauguración de la jornada, la secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente Santiago, puso en contexto el RD-ley 6/2023 dentro de las políticas de fomento de la agilidad y eficiencia del Ministerio de Justicia, el proyecto ‘Justicia 2030’ y la necesidad de actualizar las primeras medidas para digitalizar la Justicia que datan de hace más de 10 años.

Antes de dar paso a los dos ponentes, Juan Fernández Henares, vicepresidente 1º del Consejo General de Graduados Sociales y moderador del evento, se refirió a esta norma “en la que se ha tenido en cuenta a los tres consejos generales: el de la abogacía, el de los procuradores y el de los graduados sociales”. Las tres profesiones jurídicas también están presentes en diversas comisiones de trabajo, “por ejemplo, para la mejora de Lexnet, Carpeta Justicia y Expediente Digital. De ahí el agradecimiento que nuestro presidente lanzaba al Ministerio de Justicia”.

A continuación, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, afirmó que “sin complacencia, España es un referente mundial en transformación digital de la Justicia”. Asimismo, destacó que “lo bueno de este RD-ley es que, como lo hemos hecho entre todos, en cogobernanza, se han conseguido los fondos europeos y, de hecho, el de Justicia es el proyecto tractor de digitalización que más financiación ha recibido, 410 millones de euros”.

La magistrada en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ana María Orellana, fue la encargada de completar el programa con una explicación pormenorizada de los cambios que introduce el Real Decreto-ley 6/2023 en la ley reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que están los relacionados con la Inteligencia Artificial (IA). “Su uso en el mundo jurídico ya está aquí”, aseguró. De hecho, España ha aprobado ya “un entorno controlado de prueba del futuro Reglamento europeo de IA”.