

ALBERTO NÚÑEZ FEIJOO SE COMPROMETE CON LOS GRADUADOS SOCIALES PARA LLEVAR UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY QUE PROMUEVA LA DESCONEXIÓN DIGITAL
Madrid, 14 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, acompañado del presidente del Consejo Autonómico Gallego y presidente del Colegio de Graduados Sociales de Lugo, Manuel Nuñez Carreira y la decana del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, Montserrat Cerqueda Serrando, en la tarde de ayer mantuvieron una reunión con el Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo y con Ana Alos, Vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social con el objetivo de abordar cuestiones relevantes sobre el servicio público que los Graduados Sociales ofrecen a la ciudadanía a través de su actividad profesional.

Durante este largo encuentro, por parte del Consejo General se explicó que el ritmo frenético de las reformas laborales y normativas en España ha supuesto una carga de trabajo insostenible para los graduados y graduadas sociales. Como profesionales esenciales en la garantía del cumplimiento normativo de personas trabajadoras y empresarios, Merchán Bermejo explicó “que nuestro colectivo se encuentra ante una situación crítica que atenta contra nuestro derecho a la desconexión digital, la conciliación laboral y el bienestar profesional”. “Esta proliferación de normativas con plazos improrrogables y sin garantías de seguridad jurídica obliga a una atención continua e ininterrumpida, lo que repercute en la salud y calidad de vida”, aclaró el presidente de los Graduados Sociales.
Alberto Nuñez Feijoo comprendió perfectamente la demanda realizada por los Graduados Sociales comprometiéndose con el Consejo General para llevar una proposición no de ley, que promueva la desconexión digital y las notificaciones se efectúen en horario laboral. Una medida que afectaría a nuestro colectivo, otros profesionales y a la ciudadanía en general.
Así mismo, con motivo del 5º aniversario de la declaración del estado de alarma por el Covid-19 se destacó el papel esencial que los graduados sociales desempeñaron durante la pandemia, particularmente en el periodo de confinamiento. La gestión de los ERTEs, el cobro de prestaciones para autónomos y personas trabajadoras, así como el asesoramiento a las pymes y la atención a numerosos ciudadanos, constituyó un apoyo crucial para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica en España. Este compromiso con el bienestar social de los ciudadanos se ha repetido en menor escala con los damnificados por las tormentas de la DANA, donde los graduados sociales han continuado ofreciendo su valiosa asistencia.
En la reunión, Merchán Bermejo también subrayó la importancia de que la Corporación de los Graduados Sociales proporcione al legislador una opinión técnica y profesional sobre temas relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social, siempre buscando la mejora de la eficiencia normativa, aparcando las cuestiones ideológicas, con el único objetivo de ayudar para garantizar la eficacia de las normas que afectan a la ciudadanía.
Pero esta reunión no terminó sin antes revindicar las aspiraciones que nuestro colectivo tiene para que se adopten los cambios normativos necesarios que regulen nuestra participación en el recurso de casación ante la Sala IV del Tribunal Supremo y la inclusión de los graduados sociales en la asistencia jurídica gratuita en materia social. Dos aspiraciones que representarían el máximo avance en la profesionalización y reconocimiento de nuestra profesión.
Un encuentro que demuestra el interés de nuestra Corporación y compromiso de los Graduados y Graduadas Sociales de España con el desarrollo y mejora del sistema laboral y de seguridad social del país, trabajando de la mano con todos los actores políticos y sociales para contribuir al bienestar de los ciudadanos.
Esta reunión forma parte de las actuaciones institucionales que desarrolla nuestra Corporación para trasmitir la voz de todos los graduados sociales ante las altas instituciones del Estado para garantizar que nuestra profesión cuente con el reconocimiento, la representación y los recursos necesarios para seguir desempeñando un papel clave en la sociedad.