El impacto, de haberlo, se producirá principalmente en las oficinas de registro y reparto.

 

En las CCAA del territorio Ministerio de Justicia, solo afectará al orden penal porque en los otros órdenes ya está funcionando con normalidad. 

 

En las CCAA transferidas dependerá de que la Comunidad Autónoma haya dotado de medios para que exista o no la conexión automática del sistema de comunicaciones con su sistema de gestión procesal.